en espera 68 de las evis para proyectos de energia
22 de Noviembre de 2016
 
La Secretaría de Energía ha recibido un total de 1,661 solicitudes de Evaluación de Impacto Social (Evis) para nuevos proyectos energéticos en el país, de las cuales sólo ha logrado procesar una tercera parte; es decir, 532 solicitudes hasta octubre de este año, con lo que los inversionistas enfrentan una barrera que la autoridad no previó en el diseño de la reforma energética.Las Evis son el primer requisito que cualquier inversionista debe obtener antes de iniciar la construcción de nueva infraestructura para toda la cadena de valor de hidrocarburos y electricidad en el país; contienen el dictamen técnico aprobado por la Dirección de Evaluación de Impacto Social de la Secretaría de Energía; para ello, las empresas interesadas deben contratar terceros o elaborar directamente análisis de los impactos económicos negativos y positivos que sus proyectos traerán a las comunidades donde pretenden asentarse.La Ley de Hidrocarburos determina que incluso con la solicitud de permisos para realizar actividades de todo tipo (además de los permisos de construcción, los derechos de vía y la propiedad de los terrenos) se debe contar primero con la Evis que otorga la Secretaría y con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que también realizan los interesados y es evaluada y aprobada por la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA); sin embargo, no hay suficiente personal en la Dirección de Evaluación de Impacto Social, aseveran distintos abogados del sector, y hay 1,129 solicitudes en proceso de dictaminación al 31 de octubre, reveló la Secretaría de Energía. “El abanico es amplio y abarca desde campos de exploración y extracción de hidrocarburos, plantas de almacenamiento, sistemas de transporte de hidrocarburos, proyectos de exploración en hidrocarburos, plantas de generación de energía eléctrica —solares, eólicas, de cogeneración— o líneas de transmisión”, aseguró la dependencia a El Economista.IncertidumbreLa abogada del sector, Miriam Grunstein, explicó que éste se ha convertido en un dolor de cabeza para inversionistas que ven retrasos de por lo menos seis meses en sus proyectos, con lo que se enfrentan a inversiones adicionales como la apreciación de sus insumos por el tipo de cambio, incertidumbre dentro de las comunidades a las que llegan y el riesgo de no concluir a tiempo sus proyectos y recibir potenciales penalizaciones, como en el caso de los que deben estar listos para las subastas de energía, además de que obtienen financiamiento a tasas más altas ante la incertidumbre jurídica en que arrancan.Consulta indígena, el otro retoA las evaluaciones de impacto social y manifestaciones de impacto ambiental que la ley prevé como requisitos para que los nuevos proyectos energéticos sean sustentables, se impone un requisito de mayor rango: la aprobación de las comunidades indígenas ubicadas dentro de los potenciales terrenos, que de oponerse a los proyectos, no podrán ser expropiados, lo que constituirá un enorme reto para los inversionistas y autoridades en materia de justicia social para el desarrollo energético nacional en el nuevo marco legal.Dado que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía jurídica que la Constitución en nuestro país, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección de derechos de comunidades originarias al que está suscrito México determina que antes de que arranque cualquier proyecto energético debe realizarse una consulta “libre e informada” si existen comunidades indígenas en el terreno.Hasta la fecha se han llevado a cabo menos de 10 de estas consultas y todas han resultado a favor de los proyectos energéticos, detalló la abogada del sector Miriam Grunstein, aunque dada la amplitud de algunos aspectos de este ordenamiento, como quién se puede autodeterminar indígena en el país, además de las diferencias culturales, este aspecto generará problemas y retrasos en el crecimiento esperado del sector y la llegada de inversiones.Si bien la Ley de Hidrocarburos determina que las actividades energéticas estarán por encima de cualquier otra y prevé la figura de servidumbre legal mediante decreto de expropiación para los terrenos, la falta de planeación en la implementación de los aspectos sociales, ambientales y la consulta a los pueblos originarios, junto con la invasión de facultades estatales y agrarias de la federación para permisos y usos de suelo, pone en riesgo la certidumbre jurídica de los proyectos, aseveró la experta.

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